Luego del 2018
El CIG busca que las denuncias y las propuestas trasciendan a la elección presidencial
Miembros del Concejo Indígena de Gobierno recorrieron el sur de Jalisco. Con su palabra, invitaron a la población a dimensionar la violencia, el despojo y la devastación al medio ambiente en el país y la región, y le pidieron organizarse para construir, desde abajo, otro mundo posible.
Texto: Cristian Rodríguez Pinto.
Bajo los portales coloniales de Sayula, van y vienen personas que cargan con el alimento de la semana, con un periódico, con un bolso o con un balón. Pero este sábado a mediodía, también hay personas que cargan mecates, bocinas, lonas y panfletos del Consejo Indígena de Gobierno. Con ello cargan su rebeldía.
Estas personas, acostumbradas a tomar la caseta de la autopista Manzanillo-Guadalajara y cuyos pies han marchado decenas de veces contra la plasticultura, el despojo de tierras, el uso de cañones antigranizo, el gasolinazo y la violencia, hoy buscan una sombra para escuchar un mensaje de esperanza frente a la guerra.
En el semanario Sayulense, la nota principal es el hallazgo de dos cuerpos rumbo a Ciudad Guzmán. “Entre el crucero de San Andrés Ixtlán y la cuesta de Sayula. Ahí estaban dos cuerpos sin vida”, dice un trascendido, los cadáveres eran de dos hombres, ambos menores de 25 años de edad. Otro periódico local, el Horizontes, describe la visita que hizo la semana el aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien prometió que de ganar, otorgará becas a los jóvenes “para que no anden de halconcitos como lo vi en Sayula y la región”, acota entre paréntesis el periódico, como señalando el hecho sin querer.
Las 50 personas reunidas en el jardín se consideran de izquierda, aunque no coinciden con AMLO. Tampoco creen que ellos “le están haciendo el trabajo al PRI”, como los critican en redes sociales algunos de los seguidores del tabasqueño. Algunos son adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Vinieron aquí en atención al llamado que hicieron los pueblos indígenas para organizarse contra el capitalismo; un proceso que, asumen, será maratónico, ríspido, y no exento de tropiezos, más que en los procesos que han sobrellevado.
“Le llaman democracia pero se comportan como una dictadura”
Históricamente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) han rechazado los procesos electorales y a los partidos políticos. Si alguna vez tuvieron diálogo, este se rompió en abril del 2001 cuando senadores del PRI, PAN Y PRD aprobaron una Ley Indígena que excluyó la principal demanda de los pueblos, la autonomía, contraviniendo así los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1995, por los que el EZLN guardó las armas de fuego.
Sin olvidar esa ‘traición’, ni la matanza de Acteal, ni la represión de Atenco, ni la detención, encarcelamiento y/o asesinato de decenas de “compas”, ni la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de miles de personas a lo largo y ancho de México, llegaron al jardín de Sayula seis integrantes del CIG: una otomí de Querétaro, una kumiai de Baja California Norte, una mazahua del Estado de México, dos nahuas de Jalisco y, como anfitrión, un integrante de la Unión Campesina Zapatista del Sur de Jalisco (UCAZS), organización que en el año 2008 recuperó 55 hectáreas para cerca de 60 familias en Amacueca.
Magdalena García Durán fue la primera en tomar la palabra. Esta mujer mazahua fue detenida en mayo del 2005, durante los disturbios en San Salvador Atenco, y acusada de secuestrar a policías antimotines del Estado de México, los mismos que fueron enviados a centenares por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto. En diciembre del 2007 fue absuelta y liberada después de una intensa movilización de Amnistía Internacional. Hoy es una de las integrantes más activas del CNI.
Magdalena expresó: “Los pueblos ya no aguantaban más despojo, discriminación ni desprecio. Por eso el acuerdo fue que se creara el Concejo Indígena de Gobierno, donde se nombrara a un hombre y una mujer de cada lengua, de cada pueblo, que fuera portavoz de su pueblo. Los que fuimos concejales y concejalas fuimos nombrados por nuestra comunidad, nos dieron un mandato […] Y también dijimos que nuestra compañera María de Jesús Patricio fuera nombrada nuestra vocera. Ella es la que va a llevar la voz de todos los pueblos indígenas, nos va a dar la voz que nunca hemos tenido, nos va a dar la visibilidad ante quienes nunca nos han querido ver”.
Con un collar de panes en el cuello y apretando el micrófono con la mano derecha, la concejala del pueblo mazahua explicó que la intención del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) de aparecer en la boleta no significa que los pueblos se hayan corrompido o que busquen la silla presidencial, sino que consideraron urgente aprovecharse de una plataforma con muchos reflectores para que broten las resistencias a lo largo del país.
También reprendió a quienes creen que en México impera la paz y “no pasa nada”, y explicó que esta propuesta no es sólo para los pueblos indígenas: “Esta propuesta es un llamado a todos los hermanos indígenas y no indígenas, a los campesinos, a los obreros, a las amas de casa, a los estudiantes para poder organizarnos, construir otra forma de vida, cómo queremos dejar el futuro de los niños que ya nacieron y que van a nacer”.
El tono de desesperación de Magdalena se mete por los portales de Sayula, se asoma por los ventanales de las casonas y atraviesa los portones de madera del primer cuadro de la ciudad. En la parroquia, hace eco en el Muro de la paz, un mural ubicado en el atrio que le recuerda a la población que 33 personas fueron asesinadas violentamente entre los años 2006 y 2013, mismo lapso en el que siete personas salieron de sus casas vivas y nunca volvieron, están desaparecidas.
Al sureste de Sayula, por la carretera estatal 417, los viajeros atraviesan una ciudad de plástico partida en pedacitos, todos esparcidos. Unos pegados al camino y otros alejados hasta el pie de los cerros. Dentro de esos cotos blancos arqueados hay plantas de arándano, frambuesa y zarzamora. Son las frutas de moda en Estados Unidos, ideales para estar fitness. En los últimos diez años estas berries invadieron el paisaje y pasaron de ocupar 15 a abarcar 250 hectáreas en el municipio, según el anuario estadístico de la Oficina Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS) de Jalisco.
Es por el rumbo de esos invernaderos donde los habitantes de Sayula juran que se disparan los “cañones antigranizo”, máquinas que apuntan al cielo y cuyo estruendo borra las nubes de lluvia del cielo, como si fueran dibujo de un pizarrón. Todo para cuidar esa ciudad de nailon, o los sembradíos de aguacate que tienen 10 años en el municipio.
Magdalena no desaprovechó para mencionar que “los abuelos no nos enseñaron a trabajar de esa manera”, y para señalar que “esas cositas son los que nos contaminan nuestras tierras. Son los que dicen que eso está bien pero respiramos toda esa química (sic)”.
Campesinos en valle agroindustrial
Adelante por la carretera, después de subir y bajar la cuesta de Sayula, en San Andrés Ixtlán, una bola de heno antropomorfa llama la atención. La estatua tiene pies, agita una sonaja y carga un penacho con flores multicolores. Es un hombre de heno, un paixtle. Es el anuncio de entrada al valle de Zapotlán, lugar donde alguna vez los hombres y mujeres hablaron tarasco, sayulteca y zapoteca al mismo tiempo, según señala Otto Schöndube Baumach en su libro “El pasado de tres pueblos: Tamazula, Tuxpan y Zapotlán”.
La furgoneta del CIG entró a Ciudad Guzmán, cabecera de la región sur. En el centro de esta población, 30 personas esperan a los concejales mientras dejan que el poeta urbano Axel Valdovinos les ponga la piel de gallina con una de las canciones más combativas de León Chávez Teixeiro: Canto campesino.
Bajo una réplica del mural “Hombre de Fuego” de José Clemente Orozco, al pie del quiosco de cantera, la palabra del CIG es compartida entre los concejales que se pasan el micrófono. Entre unos y otras transmiten la misma angustia de Magdalena: Lucero Meca, kumiai de Baja California Norte, señaló que es la hora de que los pueblos indígenas y los marginados de la ciudad sean tomados en cuenta; Maricela Mejía, otomí de Querétaro, expresó que el CIG anhela que ya no existan ni feminicidios ni homicidios; Israel Gutiérrez, de la UCAZS, mencionó la necesidad de tejer redes de luchas sociales entre los inconformes con el sistema “para no dejarse pisotear”; Nayeli Morán, nahua de Jalisco, invitó a sumarse a la propuesta de los pueblos indígenas y Oswaldo Romero, también nahua, explicó por enésima vez que el CIG no quiere votos, sino concientizar y organizar.
“Yo recuerdo que antes a los de Ciudad Guzmán se les llamaba los mazorqueros. Desafortunadamente, ahora son los aguacateros. Los invernaderos y las empresas trasnacionales se los están acabando. Nuestra invitación es para que vean lo que está ocurriendo con las empresas trasnacionales, como está ocurriendo aquí. No tenemos otro recurso más que organizarnos entre nosotros mismos. Si nosotros no nos organizamos, nadie nos va a organizar. El mal gobierno siempre ha estado contra los pueblos indígenas y no indígenas. Entonces tenemos que echarle muchas ganas”, dijo Oswaldo Romero.
En el año 2007, cuando el manto del alba avanzaba por el valle de Zapotlán, las espigas de las mazorcas se tornaban de color dorado. Diez años después, en este municipio cuya cabecera es Ciudad Guzmán, el maíz grano perdió más de la mitad de su terreno: pasó de siete mil 780 hectáreas cultivadas a tres mil 95. Simultáneamente, el aguacate se catapultó: pasó de 260 hectáreas a tres mil 490, según cifras de OEIDRUS Jalisco.
Zapotlán el Grande es el municipio con más hectáreas plantadas con aguacate en todo Jalisco. Es seguido por San Gabriel – 2 mil 661- y Gómez Farías –mil 461-, tres municipios vecinos en el sur de la entidad.
Al igual que en Sayula, hoy en el valle de Zapotlán el manto del alba rebota en mil 969 hectáreas de invernaderos de berries, y en las hileras de aguacate que se escabullen por las faldas del Nevado de Colima.
La noche comienza a caer y, para quienes alzan la voz contra el sistema, no es recomendable andar a oscuras por carretera. Es momento de trasladarse al punto final de la travesía de la organización, por el día de hoy: Tuxpan.
A medida que el CIG avanza, la planicie del valle se convierte en una suave pendiente tajada por arroyuelos por los que alguna vez corrió el deshielo del Nevado. Esta llanura codiciada por su fertilidad está abonada con la ceniza de las erupciones del Volcán de Colima, cuyo cráter se encuentra a 20 kilómetros en línea recta.
La carretera comienza a ser flanqueada por un bosque de aguacate plantado hace menos de una década. Son árboles que van de los 50 a los 150 centímetros de altura y son regados por goteo, una técnica que para los investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Claudia Castañeda Saucedo y Carlos Gómez Galindo representa una extracción mayúscula de agua del subsuelo ya que obliga a la perforación de pozos profundos.
Según estudios de disponibilidad de agua subterránea realizados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), del año 2009 al 2015 el acuífero Ciudad Guzmán, que se encuentra en las entrañas de los municipios de Zapotlán el Grande, Tuxpan y Tamazula de Gordiano, ha perdido 81 millones 893 mil 242 metros cúbicos de agua. Hoy mantiene un déficit de 20 millones 946 mil 823 millones de metros cúbicos, el equivalente a llenar 11.5 veces el Estadio Azteca con agua.
Tuxpan, una de las últimas comunidades indígenas en pie en el sur de Jalisco
Los integrantes del CIG provienen de lugares con historias marcadas por disturbios y discriminación. Están entrando en Tuxpan, lugar que en la época prehispánica fue un corredor en el que los habitantes de lo que hoy es Jalisco, Colima y Michoacán intercambiaron mercancías, según refiere Schöndube Baumach.
Siglos después, ya en el porfiriato, este pueblo fue incluido dentro del trazo de las vías férreas que comunicarían Guadalajara con el pacífico, en el puerto de Manzanillo.
La investigadora de la UdeG, Rosa Yáñez Rosales, señala que en el año 1909, durante el viaje inaugural del ferrocarril por esta vía, éste se detuvo en la estación de Tuxpan. Al hacerlo, una mujer de nombre Rafaela hizo una amable bienvenida en lengua náhuatl al presidente Porfirio Díaz. Sin embargo, después de la inauguración, un grupo de 50 hombres subió al elegante vagón en el que viajaba el mismo Díaz para pedirle que les permitiera seguir utilizando su traje cuando ellos visitaran la ciudad de Zapotlán: un calzón y una camisa de manta con un ceñidor rojo en la cintura.
“El mandato de Díaz era que en las ciudades se usara pantalón de mezclilla, de lo contrario las personas tendrían que pagar una multa”, explicó Yáñez Rosales en el Festival Por la Autonomía de los Pueblos Indígenas, celebrado en junio.
La respuesta de Díaz fue tajante: a sus asistentes les pidió que les cortaran la trenza a cada uno de los 50 indígenas que se atrevieron a abordarlo. Según Yáñez Rosales, los hombres bajaron del vagón llorando con su mechón de pelo entre las manos. 108 años después, la comunidad nahua de Tuxpan tiene una mujer que representa a los pueblos indígenas de México y que aspira a ser candidata a la presidencia de la república.
Más allá del 2018
María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, estudio la preparatoria a escondidas de su padre y aprendió el oficio de la medicina tradicional para atender la parálisis motriz de su madre. En 1995, fue invitada a un foro indígena a Chiapas. Allí escuchó otras lenguas, otros problemas y otros anhelos, todos similares. Ahí se sintió como en casa. Un año después participó en la fundación del CNI.
Desde su fundación, junto con el EZLN, el CNI pujó por que los Acuerdos de San Andrés Larráinzar fueran convertidos en Ley. Después de la traición de los partidos políticos en el 2001, incluida la izquierda electoral –el PRD-, ambas organizaciones decidieron regresar a sus comunidades para poner en práctica los acuerdos, por su propia cuenta.
Pero vivir en resistencia ha sido causa de choques entre las comunidades y los intereses del mercado -llámense minas, autopistas, hidroeléctricas, presas, acueductos, gasoductos, complejos turísticos, agroindustrias, extracciones petroleras-, un problema agudizado en un país en el que el ejército patrulla las calles, un país, como dice Magdalena, “en guerra”.
Entre el desdén de la chirimía, los aplausos de la gente y el ladrido de los perros, los integrantes del CIG son recibidos en el jardín principal de Tuxpan, donde se montó un templete. Tras ellos va tomando altura una imponente luna llena, perfecta para las tomas de los fotógrafos y para quienes paladean los presagios: Tuxpan significa tierra del conejo, animal cuya cabeza se distingue en el satélite.
Los concejales repiten la intervención que tuvieron en Sayula y Ciudad Guzmán. Ahora Marichuy tiene el micrófono. Vuelve a explicar la historia del CNI –y lo volvería a hacer porque, aun cuando ha repetido hasta el cansancio que esto no se trata de alcanzar La Silla, hay eufóricos que la siguen abordando para decirle “Marichuy presidenta”-. Los principios de la política vertical, impuestos por los partidos, no se cortan de raíz de un día para otro.
Marichuy, quien inició su recorrido por el país en octubre, comparte una muestra de la larga lista de imposiciones en las comunidades indígenas que visitó: “Nos platicaban por allá por Veracruz que hay concesiones de tierra donde les van a abrir pozos petroleros y están preocupados por lo que va a pasar. También que les quieren poner hidroeléctricas. Ahí por el istmo de Juchitán hay las eólicas y también los habitantes de esa zona no están de acuerdo porque les están contaminando sus tierras, que porque las hélices, unas aspas gigantes que tienen, se desprenden y van y caen encima de las casas, y que les están succionando el agua. Luego ya subiendo más, llegando a Oaxaca, nos comentaban que hay unos ríos que los quieren encausar y crear una presa, entonces varias comunidades quedarían sin esa agua. Luego ya subiendo más, en Puebla, dicen que las empresas donde fabrican la mezclilla, que lo que sale en las aguas es agua azul, y que están contaminando ahí. También en las tierras de las comunidades indígenas están pensando en crear una hidroeléctrica, y que quieren meter más eólicas”.
El plan del CIG es que las comunidades rurales que resisten estos embates, y las personas de las ciudades que se sientan afectadas por el capitalismo urbano –gentrificación, represión, discriminación, negligencias, falta de servicios básicos, explotación laboral- tejan una telaraña y se apoyen unas a otras cuando haya que apoyarse, con lo que puedan apoyar.
Organizar, o propiciar la organización, es la tarea que el CIG le asignó a Marichuy el 28 de mayo, tarea por la que Patricio Martínez detuvo más de 25 años de carrera como médico tradicional. Con esa intención, la recabación de firmas para alcanzar la candidatura presidencial por la vía independiente sería algo mediáticamente contundente, pero, explica Marichuy, es secundario: “Porque esta lucha que hemos emprendido no solamente va a ser de aquí al 2018. Esta lucha, esta organización, tiene que ser para después del 2018, que es cuando se va a venir más fuerte todo […] ¿Qué queremos? Recuperar lo nuestro, fortalecer nuestra comunidad, hacernos fuertes aquí. Y quede quien quede, lo que importa es que nos organicemos desde abajo y que salgamos fuertes para lo que viene después. Que lo que hayamos trabajado nosotros le va a quedar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Por eso nuestra lucha va mucho más allá del 2018. Esa es nuestra palabra, es nuestro trabajo, es lo que nos han encomendado y es lo que vamos a seguir haciendo al ir recorriendo las diferentes comunidades de este México”.
