Ley en Arizona: racismo y persecución de inmigrantes

Una nueva enmienda legal que criminaliza la inmigración indocumentada en el estado fronterizo de Arizona, en Estados Unidos, fue promulgada a finales del mes de abril por la gobernadora de aquel estado, Jan Brewer. Esta nueva ley, bajo el nombre de SB1070, señala como delincuente a toda persona que se encuentre en territorio estadounidense sin tener un permiso para trabajar o residir en el país. Esta manera de abordar la compleja problemática de la migración, revela la necesidad de una reforma en el tema a nivel federal, que además de legalizar a los inmigrantes, permita el tránsito de trabajadores que satisfacen la demanda de mano de obra necesaria para la economía de Estados Unidos.

La legislación, que entrará en vigor el próximo 29 de julio, a menos que un tribunal federal se oponga, será la primera que en Estados Unidos penalice la migración indocumentada y si otros estados, como los 16 que ya tienen iniciativas similares en proceso, confirman el mismo modelo legislativo, más de diez millones de personas que se encuentran en una situación migratoria irregular, podrían verse afectadas.

Una ley racista

La iniciativa SB1070 tiene el objetivo de asegurar la frontera estadounidense y detener el flujo de migración indocumentada al estado de Arizona. Esta ley proponía dotar a la policía local de facultades para verificar la documentación de cualquier persona cuando existiera una “sospecha razonable” de estar ante un migrante indocumentado. Sin embargo, la polémica que ha suscitado este tema, obligó a las autoridades de Arizona a realizar una enmienda a principios de mayo, la cual permite que a una persona se le cuestione su situación migratoria, solamente cuando exista un contacto legal, como una detención o un arresto. Si en este caso la persona no cuenta con alguna identificación oficial, deberá ser detenida. Pero además de castigar al migrante, también se sancionará a las personas que los transporten o contraten, así como a las organizaciones que les den algún tipo de apoyo.

La ley SB1070 es racista porque busca controlar la inmigración latina sobre la base de los rasgos físicos característicos de este grupo, y no de otras razas. Será a los latinos a quienes se les cuestione sobre su documentación, aun cuando la tengan en regla, lo que los hace blanco de discriminación. Al hacerlo, se violan los derechos civiles y políticos de todo inmigrante, residente y ciudadano de origen latino, y se incumplen los mecanismos de protección establecidos por el derecho internacional, con los que los migrantes cuentan independientemente de su condición legal. Además, contraviene obligaciones contraídas por Estados Unidos en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

¿Por qué en Arizona?

El surgimiento de esta iniciativa responde a un contexto específico del estado de Arizona. Al estar ubicado en el límite con México, el cruce de inmigrantes sin papeles es intenso en el territorio, fenómeno que se ha acrecentado, en especial desde la construcción del muro en otras franjas fronterizas. Además, Arizona se caracteriza por tener una población de tendencia republicana, partido conservador que se ha mostrado renuente a una reforma migratoria. La actual gobernadora del estado es republicana, por lo que su política sigue la línea del partido. De la misma manera, el ex candidato a la presidencia de Estados Unidos y senador de Arizona, John McCain, es también uno de los principales defensores de esta ley, pues argumenta que el gobierno federal ha sido incapaz de asegurar la frontera.

Otro aspecto fundamental es la demografía del estado. De acuerdo al Buró de Censos de Estados Unidos, en el año 2006, 59.5% de la población estaba conformada por personas blancas descendientes de europeos no hispanos y 29.2% por latinos, el grupo de más alto crecimiento por la inmigración desde México y Centroamérica. Al mismo tiempo, de acuerdo a la BBC de Londres, Arizona cuenta con el mayor porcentaje de trabajadores indocumentados en el país, quienes se emplean en sectores como la construcción. Esto constituye la principal contradicción de esta situación, pues aunque el trabajo de los inmigrantes ha contribuido al desarrollo económico, se rechaza su presencia.

Por otro lado, al ser Arizona un estado socialmente conservador, ha provocado que en los últimos años hayan resurgido proyectos antimigrantes como el Minutemen Project, un grupo que se opone a la reforma migratoria, que busca el cierre de la frontera entre ambos países e incluye entre sus actividades la localización de inmigrantes cerca de la frontera para que sean deportados por la patrulla fronteriza.

Las reacciones

Tras anunciarse la aprobación de esta iniciativa, el gobierno mexicano emitió una alerta de viaje al estado y declaró por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que la “criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada”, además de que no se mantendría indiferente ante ella, indicando que la existencia de la ley obliga a “plantearse la viabilidad y utilidad” de los acuerdos de cooperación establecidos con Arizona. Aunque la respuesta frente a una violación a los derechos humanos de los mexicanos fue tibia en un principio, en su visita oficial a Estados Unidos, Felipe Calderón, reiteró su rechazo a la ley y afirmó que la medida “ignora la realidad e introduce una idea terrible del perfil racial como base del reforzamiento de la ley”.

Por su parte, Barack Obama afirmó que la ausencia de la intervención del gobierno federal estadounidense en esta problemática “ha llevado a tomar iniciativas mal encaminadas». Con esto se refirió a la división en el Congreso respecto al tema, pues no ha avanzado sobre una reforma migratoria. Además, pidió al Departamento de Justicia que se evalúen las repercusiones de la implementación de esta ley. Sin embargo, la ausencia de acuerdos en este punto también muestra tibieza por parte del gobierno estadounidense.

Gobiernos de naciones latinoamericanas como Ecuador, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, también se manifestaron en contra de la legislación. Por parte de la Organización de las Naciones Unidas, el experto sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios, afirmó que la ley contradice al derecho internacional. Mientras que Amnistía Internacional declaró que la SB1070 viola el derecho a la libertad y a la protección de detenciones arbitrarias, incluidos en el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Político, firmado y ratificado por Estados Unidos.

No obstante, ha sido el apoyo simbólico de la sociedad el que más respaldo ha mostrado reactivando el movimiento proinmigrante en Estados Unidos. Días después de su promulgación, en distintas ciudades del país se organizaron protestas masivas que condenaban la criminalización de los migrantes y pedían una reforma. Asimismo, para ejercer presión económica, se organizaron en ciudades de México y Estados Unidos, boicots económicos para atacar el turismo en Arizona y para no comprar productos provenientes de ese estado con el objetivo de mostrar su desacuerdo con la medida.

Urgente una reforma

Esta lamentable promulgación ha evidenciado una vez más la falta de resolución de un tema binacional, en la relación entre México y Estados Unidos. Pese a esto, ha sido evidente la imposibilidad del gobierno mexicano para exigir el respeto a los derechos que los mexicanos tienen en Arizona. A pesar de ser comprensible la complejidad, al ser al mismo tiempo un tema de la política exterior mexicana y de la política doméstica estadounidense, medidas más categóricas deben implementarse.

La situación muestra contradicciones relacionadas a la problemática de la migración y a la política estadounidense. Se señala como criminales a los inmigrantes indocumentados, pero se utiliza su mano de obra para mantener funcionando sectores de su economía. De la misma manera, en distintas ocasiones Estados Unidos ha intervenido en otros países con el supuesto objetivo de defender los derechos humanos, paradójicamente, el gobierno federal de ese país ha permitido la creación de leyes que violan estos derechos en su territorio.

Es momento de trabajar por una reforma integral que resuelva de fondo la situación de millones de trabajadores mexicanos en Estados Unidos, de que el gobierno mexicano proponga una solución y de que Obama, a quien el voto de ocho millones de latinos le permitió llegar a la Casa Blanca, busque el consenso político para llevarlo a cabo.

La situación de inseguridad y violencia por la que atraviesa México ha provocado que sea necesario reforzar la seguridad fronteriza; sin embargo, es evidente que los flujos migratorios no son la principal amenaza para la estabilidad de la frontera. La economía estadounidense necesita de la mano de obra de millones de migrantes; éstos son trabajadores y no criminales como ahora se les señala, por lo que se deben hacer valer sus derechos.

Medidas como la promulgación de la ley SB1070 sólo enfatizan la discriminación y la visión del migrante como criminal, explotan los temores que sienten ciertos sectores de la población estadounidense frente a este grupo y llenan el vacío que deja la ausencia de una política migratoria integral. Es urgente implementar un mecanismo que permita el tránsito de trabajadores a través de la frontera, además de regular la situación de hombres y mujeres que van a ese país a llevar el trabajo que se necesita. Son ellos y no el racismo, el prejuicio y la discriminación, a quienes se debe legalizar.