La palabra incumplida de Calderón

El gobierno de Felipe Calderón ya entró en su última fase y todavía intenta seguir justificando su estrategia en materia de seguridad, cuando es evidente que ha sido un fracaso. Las cifras de personas muertas en medio de la llamada “guerra” contra el narcotráfico ya suman las 60 mil personas, se contabilizan alrededor de 20 mil desaparecidos, no se percibe un decremento en los niveles de violencia más bien han ido en ascenso, las iniciativas para la renovación de las policías han resultado insuficientes, no se ha logrado controlar el problema del lavado de dinero, no se pudo acabar con el mercado de las armas, se multiplicaron los negocios de la delincuencia organizada, no se abatió la corrupción y se mantuvieron los altos niveles de impunidad. El Poder Ejecutivo se empeñó en seguir hasta el final su estrategia de militarización de la seguridad y no admite que es un rotundo fracaso.

Todo lo anterior es muy preocupante, sin embargo el asunto que genera mayor inquietud alrededor de este problema, es el rechazo del presidente a la Ley General de Víctimas. Esta iniciativa surgió como una demanda del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) que encabeza el poeta Javier Sicilia, con el propósito asegurar la atención y protección del Estado a aquellas personas que se han sido afectadas por este problema y que se encuentra en medio de esta cruenta guerra.

La construcción de la ley se generó en diálogo con el propio presidente, con el Congreso de la Unión y en acuerdo con diferentes actores políticos. Tenemos que reconocer que los legisladores hicieron su tarea de aprobar esta normativa y de presionar al Ejecutivo Federal para publicar la legislación, sin embargo Felipe Calderón la vetó e interpuso, con argumentos leguleyos (de acuerdo con el MPJD), un recurso de anticonstitucionalidad, que por lo menos impedirá que durante el tiempo que le resta como primer mandatario se publique la ley en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual esta normativa entra en vigor.

Felipe Calderón mintió y no cumplió con su palabra de aprobar la ley, ninguneo a las víctimas de la violencia de su guerra y a los miembros del MPJD, no respetó el trabajo del Poder Legislativo y lo despreció; y se aferró a su estrategia, es decir, el presidente saliente incrementó el problema de la violencia en el país, no generó ninguna solución satisfactoria para resolver este gravísimo problema y deja a México sumido en una profunda crisis de seguridad.

Evidentemente la actuación del presidente generó el repudio y la crítica del MPJD, de organizaciones sociales y de movimientos de derechos humanos, que ven en el veto de Calderón una burla a la sociedad mexicana.

Para terminar de aderezar esta situación, el presidente Calderón pretende construir un monumento a su guerra en el campo Marte, en la Ciudad de México, hecho que definitivamente es una afrenta las víctimas, a los muertos y a los desaparecidos de su irracional estrategia. Lo más lamentable es que algunas organizaciones que han trabajado para combatir el problema de la inseguridad, como los que encabezan el empresario Alejandro Martí e Isabel Mirada de Wallace se han sumando a la iniciativa del presidente, con lo que se convierten en legitimadores involuntarios de la lamentable y condenable actuación del primer mandatario.

Por su parte el MPJD sigue generando acciones con la finalidad de visibilizar este problema a nivel internacional, y en breve realizarán una caravana a Estados Unidos para mostrar los efectos negativos binacionales de la estrategia de ambos gobiernos para enfrentar este problema.

Por lo pronto habrá que seguirle la pista a Sicilia y al MPJD.