La democracia está atrapada por el capital

Aunque el proceso electoral todavía no termina pues concluye hasta que el Tribunal Electoral determina que las elecciones fueron válidas, sí podemos proponer algunas conclusiones sobre los comicios federales de este año.

Lo primero a decir es que la débil democracia mexicana está atrapada por el capital. En 2012 quedó claro que si se quiere ganar una elección se necesitan fuertes sumas de dinero: se requiere para la publicidad en espectaculares, para la pinta de muros, la impresión de mantas, para los pagos de los que promueven el voto, para los viajes del candidato y su equipo, para la creación de la imagen del candidato, para pagar a todos los asesores necesarios, para la producción de spots televisivos y radiofónicos, se necesitan recursos para el pago de los camiones para los acarreados, para las banderitas, gorras, camisas, bolsas del mandado y por supuesto los lonches, despensas, refrescos, sombrillas, tinacos, sacos de cemento y todo tipo de souvenir electoral; y por supuesto que se necesitan considerables cantidades de dinero para comprar votos a través de efectivo y ahora con la novedosa modalidad de las tarjetas de prepago. Estas sumas de dinero, superan los límites establecidos en las leyes electorales.

Estos gastos requieren de inversionistas, que son grupos de poder que ayudan al candidato a conseguir su propósito, una vez en el poder, buscan que se les retribuya por los favores otorgados, ya sea privilegiando sus negocios, propiciando reformas legales que ayuden a la expansión de sus proyectos o buscando cargos públicos que ayuden al mantenimiento de dichos poderes. Los candidatos elegidos llegan con altas facturas por pagar, que implican compromisos que deberán cumplir. Ganarán elecciones quienes tengan y se comprometan con el capital. La segunda conclusión es que este tipo de democracia genera gobiernos sin legitimidad y con capacidad de gobierno muy limitada.

Estamos ante un conflicto post electoral que tiene dos vertientes que apuntan en la misma dirección, pero con actores políticos diferentes y una estrategia distinta. Por un lado el Movimiento Progresista y su abanderado, Andrés Manuel López Obrador, optaron por la vía de la impugnación legal del proceso electoral con el propósito de invalidar la elección de presidente de México. Los puntos centrales para sostener esta estrategia es la presunta compra de 5 millones de votos de parte del PRI y la falta de equidad en el tratamiento de los medios de comunicación buscando favorecer a Peña Nieto.

La otra vía tiene un fuerte componente ciudadano, que repudia los resultados electorales, que condena la forma como Enrique Peña Nieto ganó la elección y que afirma que la llegada del priísta a la presidencia es una imposición de los poderes fácticos. En estos colectivos podemos encontrar a distintos movimientos como #YoSoy132, el movimiento anti Peña Nieto y múltiples expresiones sociales de personas que están indignadas con lo que pasa en el país. La estrategia adoptada por estos movimientos es la denuncia, la movilización política y la difusión de su pensamiento y acciones a través de medios de comunicación y redes sociales. La capacidad de convocatoria de parte de estos colectivos es sorprendente; el pasado 7 de julio reunieron a miles de personas en varias ciudades del país. En Jalisco, se efectuó la segunda marcha ciudadana más grande en la historia reciente de estado, sólo por detrás de la concentración que realizó el colectivo “Una sola voz” que se conformó para condenar el asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo. Es decir, hay un reclamo social creciente y cada vez más combativo que exige una democracia más profunda y más real.

Más allá de la coyuntura presente, si Peña Nieto logra se valide su triunfo, llegará a la presidencia con un escenario social con problemas mucho más graves que los que enfrentó su predecesor y con una gran falta de legitimidad. En primer lugar Enrique Peña llega con un expediente negro en su gestión como gobernador del Estado de México. La pobreza extrema aumentó y su gobierno fue calificado como violador de derechos humanos por la brutal represión en Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006.

En 2006 la resistencia social frente al resultado electoral fue abanderada por López Obrador. En este año buena parte del repudio social viene de parte de la propia sociedad civil y de los movimientos sociales estudiantiles, que ven en el triunfo de Enrique Peña Nieto una imposición. Ya no sólo es un problema entre partidos políticos, es un conflicto entre parte de la clase política y los poderes fácticos frente a una sociedad harta de la forma como se conduce la política en el país.

A lo anterior hay que añadir que Peña Nieto llega con un Congreso de la Unión dividido y que los problemas sociales que enfrentará están agravados: pobreza creciente, estancamiento económico, inseguridad pública incontrolable y fuertes conflictos sociales no resueltos que en el fondo tienen como origen la necesidad de los grandes capitales de mantener sus dinámicas de acumulación. El escenario no es nada halagador, pero la movilización social se muestra como un faro frente a la tormenta que se avecina.