Entre la insensibilidad y el escándalo

Los hechos confirman que los intereses de las y los ciudadanos transitan paralelamente a los intereses de la clase política. Esta dinámica lo único que genera es que la mayoría de la población crea cada vez menos en las y los políticos, propicia que las acciones del gobierno tengan menos legitimidad social, provoca una profunda desconfianza, inhibe la participación de la ciudadanía en las cosas públicas y produce cuestionamientos de fondo a la democracia como un sistema que efectivamente nos lleva a una mejor calidad de vida. Quizá este último saldo sea el más pernicioso.

Por clase política se entiende a las personas que se dedican de tiempo completo a la política y que viven de los ingresos que les genera esta actividad. En un sistema democrático consolidado la clase política disputa por el poder, pero lo hace en un marco muy bien trazado por las leyes y asume que su función primordial es la de servir a la sociedad. Cuando las y los políticos no cumplen con su cometido existen las herramientas para resolver los problemas y castigar a quien lo merezca. Además, se cuenta con instrumentos para que la voz de la ciudadanía se escuche no sólo en los procesos electorales, sino en la cotidianeidad de la vida de una comunidad, a esto se le llaman democracias participativas.

En una comunidad donde esto se desarrolla podemos encontrar un círculo virtuoso donde la tríada democracia-derechos humanos-desarrollo local se complementan y van propiciando una mayor calidad de vida para la mayoría de las personas. Si confrontamos esta concepción de la democracia con las situaciones que tenemos en el estado de Jalisco, lo más probable es que terminemos profundamente decepcionados. La clase política de la entidad ha mostrado en el último mes una de sus peores facetas.

Sus gustos y jugosos salarios

Primero conocimos que so pretexto de ahorrar en fotocopias, los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) se regalaron 22 Ipads (dispositivos electrónicos portátiles que cuentan con agenda y procesador de palabras) a costa del presupuesto de ese organismo, que representan unos 300 mil pesos. A la par se dio a conocer a la opinión pública que Tomás Figueroa Padilla, presidente de este Instituto, recibe un salario mayor al del gobernador: alrededor de 180 mil pesos que son depositados a la cuenta de este servidor público. De igual forma, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, se aumentó el sueldo. En tres años incrementó su ingreso en 38.2 por ciento, con lo cual pasó de 62 mil a casi 85 mil pesos mensuales netos, en este caso la razón del aumento es que en otras entidades los titulares de las comisiones públicas de derechos humanos reciben salarios que son parecidos a las de los magistrados locales.

Sus frivolidades

Las frivolidades también han estado a la orden del día. Como si se tratara de una visita oficial, tanto las autoridades del municipio de Guadalajara como del gobierno del estado, organizaron fastuosas comilonas en honor de la recién elegida Miss Universo. Las crónicas periodísticas retrataron un sinnúmero de banalidades y un despilfarro de recursos totalmente injustificado.

En este caso la razón del evento era homenajear a una tapatía destacada. Además se organizó el concierto «Jalisco en vivo», el cual costó 15 millones de pesos, implicó enormes molestias a todos los vecinos de la zona de la Glorieta Minerva en la capital del estado y necesitó la implementación de zonas «VIP» (Very Importan People, por sus siglas en inglés que se traducen: para gente muy importante) para la clase política de la entidad.

Fuimos testigos de un concierto pasado por agua y donde algunos de los artistas cantaron con «playback» de acuerdo a las crónicas de la prensa. La razón para la realización de este espectáculo fue la promoción de Jalisco. Me pregunto ¿promover qué?, ¿frente a quiénes?, ¿qué se pretende lograr?, ¿cuál es el costo beneficio de esta actividad para el ciudadano común?, ¿realmente se promueve a todo el estado o sólo a la Zona Metropolitana de Guadalajara? A esto tendríamos que agregar la insensatez de seguir haciendo eventos de esta índole en lugares neurálgicos para el tránsito de esta metrópoli, cuando la capital tapatía tiene tres estadios de futbol, tres teatros de alta calidad o incluso plazas públicas en las que la realización de estos eventos no implicaría el cierre de avenidas.

Su negación al diálogo y su incapacidad a la negociación

La tercera faceta que está mostrando la clase política local es su gran capacidad de confrontación, su escasa disposición al diálogo y la negociación; y su enorme facilidad para «llevarse entre las patas» a instituciones que son de todas y todos los jaliscienses. El conflicto entre el Ejecutivo estatal y el grupo Universidad por los recursos que exige esta casa de estudios al gobernador, se ha convertido en una arena de disputa donde poco se habla de la educación superior en Jalisco, sus problemas, sus necesidades y las vinculaciones que tendrían que existir entre las universidades y el sector público y privado.

En cualquier sociedad que busque propiciar un desarrollo local y endógeno, es decir, un desarrollo que busque potenciar las capacidades internas de una región o comunidad local) imprescindible la generación de I+D (innovación y desarrollo) que en países como México tiene su asiento en la vinculación sociedad-universidad.

Se ha llevado el conflicto a un escenario en que somos espectadores de un paupérrimo nivel de debate y donde aparece una lógica patrimonialista hacia dos instituciones que nos pertenecen como ciudadanos y contribuyentes de este territorio: el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara.

La voz de la sociedad en esta confrontación simplemente no está presente, quizá porque no encuentra argumentos sólidos en ninguna de las partes y no vale la pena opinar en una disputa entre grupos políticos. Lo que pudimos conocer a través de algunos medios de comunicación locales, de la visita del Gobernador a la casa de Raúl Padilla López en estado «inconveniente» para negociar una salida en este conflicto, además de escandaloso, nos deja entrever la forma de proceder de los grupos de poder: en primer lugar no se respetan las formas y los espacios de deliberación pública; en segundo lugar el poder real no coincide con el poder formal y, en tercer lugar, se intentan resolver los conflictos a espaldas de la ciudadanía y lo que tendría que ser un debate sobre la educación superior en Jalisco, termina siendo un pleito callejero.

Prácticamente la mayoría de los planteamientos esgrimidos para justificar todas las acciones citadas (incrementos de sueldo, compras, eventos y conflictos) resultan poco convincentes y en algunos casos llegan a lo incomprensible. En el contexto de fondo de estos acontecimientos no hay impulso a proyectos concretos ni debates a profundidad de los principales problemas y más bien denotan de parte de la clase gobernante una profunda insensibilidad política, falta de inteligencia y una evidente necesidad de responder a sus agendas y sus prioridades, que muy pocas veces coinciden con las agendas y prioridades de la mayoría de las personas que habitamos este estado.

Sólo por citar un ejemplo, mientras la clase política se entretiene en todos los asuntos antes mencionados, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) presentó un informe sobre la situación de la tortura en Jalisco, que arroja cifras escalofriantes sobre este problema. En la última década mil 343 personas fueron víctimas de posibles actos de tortura y hasta el día de hoy no hay ninguna autoridad procesada por estos delitos. Es decir, parecería que los intereses de las y los ciudadanos transitan paralelamente a los intereses de la clase política.

Esta dinámica lo único que genera es que la mayoría de la población crea cada vez menos en las y los políticos, propicia que las acciones del gobierno tengan menos legitimidad social, provoca una profunda desconfianza, inhibe la participación de la ciudadanía en las cosas públicas y produce cuestionamientos de fondo a la democracia como un sistema que efectivamente nos lleva a una mejor calidad de vida. Quizá este último saldo sea el más pernicioso.

Como ciudadanos de Jalisco hemos permitido con nuestra inacción el fortalecimiento de una clase política con estos terribles defectos e indeseables actitudes. Sólo en las elecciones se pueden cobrar las facturas políticas y evaluar a los políticos con reales consecuencias, pero salvo este momento, no hemos desarrollado ni exigido mecanismos que ayuden a controlar estas profundas deficiencias que redundan en consecuencias negativas para todos.

Es cierto que el capitalismo necesita de una clase política degradada para su desarrollo y expansión, pero aún en este sistema hay ciertos mínimos que tendrían que salvaguardarse y que parece que las y los políticos jaliscienses ni siquiera son capaces de garantizar. Luego de la experiencia empírica, podríamos concluir que ellos no cambiarán si nosotros no los hacemos cambiar.