El problema de la inseguridad pública en México

La llamada guerra contra la delincuencia organizada que emprendió el presidente Felipe Calderón desde el inicio de su sexenio, está resultando cada vez peor: el número de ejecutados sigue aumentando de manera alarmante (más de 22 mil asesinados) y la situación llegó a tal grado que funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos, entre los que estaban Hillary Clinton, secretaria de estado y Janet Napolitano, secretaria de seguridad interna, vinieron a México a finales de marzo a delinear una estrategia junto con los principales responsables de la seguridad pública en nuestro país.

La violencia en Ciudad Juárez se desdobló en grados inmanejables, el estado de Nuevo León se está convirtiendo en rehén de la delincuencia organizada y se están generando asesinatos que provocan cada vez mayor indignación entre la ciudadanía, como el perpetrado en contra de 16 estudiantes de preparatoria en Ciudad Juárez, de dos universitarios del Tec de Monterrey en la capital neoleonesa, de dos niños en Tamaulipas, además del asesinato de varias personas relacionadas con el Consulado Norteamericano en Ciudad Juárez. El número de muertos en este conflicto está al mismo nivel de cualquier país con guerra civil y ya en el cuarto año de la administración calderonista, la estrategia ejecutada está resultando por demás desastrosa.

Para abordar con más detenimiento este problema, es necesario recurrir a una mirada desde la complejidad, que nos permita ver cómo se entrelazan una diversidad de factores económicos, políticos y socioculturales y así explicarnos cómo hemos llegado hasta aquí. Como un intento de contribuir con este esfuerzo de comprensión, van una serie de elementos que pueden ayudar al análisis de esta situación.

Adicciones y consumo de drogas

Para el psicoanalista Raúl Páramo, tanto las drogas como el alcohol, la compulsión por el trabajo, la tecnología o cualquier otro deseo desordenado hacia alguna actividad u objeto, son adicciones provocadas por una estructura social que no está diseñada para que la gente sea feliz. Si retomamos la ética aristotélica que nos plantea que la felicidad se encuentra en el equilibrio, las adicciones no sólo representan la falta de eso, sino que perpetúan una dinámica de excesos que se autoalimentan cada vez más. El consumo de estupefacientes es una de las adicciones que está provocando mayores impactos sociales, ya que al ser un asunto ilegal, ha provocado la aparición de una red delincuencial que produce y provee de estos productos. Además representa un negocio millonario a nivel global, que está acompañando de otras actividades ilícitas como la venta de armas, el secuestro, la trata de personas, la venta de seguridad, entre otras.

Estados Unidos es el país con mayor consumo de drogas en el mundo; sólo para tener una referencia al respecto, de acuerdo con Luis Astorga, especialista en la materia, hace una década los cárteles colombianos colocaban en aquel país 40 mil toneladas de cocaína, ahora esa cantidad aumentó a 400 mil toneladas por año, de la cual, 80 por cierto transita por nuestro país. Hay que añadir que México también es el principal proveedor de metanfetaminas de aquella nación.

En México, aunque no con los niveles de los norteamericanos, también se ha experimentado un pequeño incremento en la demanda de drogas. En la encuesta nacional de adicciones de 2008, se informa que 5.2 por ciento de las y los mexicanos consumen drogas ilícitas en lugar del 4.6 por ciento que lo hacían en el año 2002.

Una de las grandes deficiencias tanto del gobierno de Felipe Calderón, como del gobierno de los Estados Unidos, es que no existe una política pública clara, contundente y decidida para trabajar en ese sentido, y siendo claros, mientras los norteamericanos no resuelvan su problema de consumo de drogas, el problema seguirá existiendo.

Impunidad y corrupción del sistema de justicia

Otra de las causas estructurales que ha provocado la proliferación de la delincuencia organizada en nuestro país son los escandalosos niveles de impunidad que tenemos. De acuerdo con Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del ITESO y experto en la materia, en nuestro territorio de cada cien delitos que se comenten, sólo en siete casos las cosas se resuelven conforme a derecho. Dicho de otra forma, el nivel de impunidad en México rebasa el 90 por ciento.

Pero el sistema de justicia mexicano no sólo genera impunidad, también tiene como problema estructural que es injusto. Casos paradigmáticos de violación a derechos humanos como los cometidos en la guerra sucia durante la década de los años setenta, en los hechos de octubre de 1968, masacres como la de Acteal en Chiapas, el fraude nacional que significó la creación del Fobaproa, que luego derivó en el Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB), el incendio de las guarderías ABC, la tragedia de la mina de Pasta de Conchos, los casos de pederastia en los estados de Puebla y Tlaxcala, la contaminación del Río Santiago en Jalisco, sólo por citar algunos, son muestras de que la justicia en México llega a cuentagotas. En todos los casos citados no hay responsables, no hay culpables, no hay reparación del daño, no hay justicia.

En este escenario, la proliferación de la delincuencia es una consecuencia lógica. Si en este país el que la hace no la paga y si la probabilidad de caer en manos de la justicia es sólo del siete por ciento, el escenario se vuelve muy propicio para la realización de actividades ilícitas, ya que la posibilidad de ser castigado es mínima. Mientras este problema no se resuelva, la creación de redes delincuenciales continuará.

Crisis del mundo rural

Dentro de las redes globales del narcotráfico, México tiene el papel fundamental de ser el productor y territorio de tránsito para los estupefacientes, y aunque hay consumo que tiende a crecer, sigue siendo poco significativo frente al enorme mercado en los Estados Unidos.

Con las reformas al Artículo 27° constitucional en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se permitió la venta y el arrendamiento de las tierras, pero a la par se generó una política pública que buscaba una lógica de rentabilidad capitalista en el campo. Esto propició que la agricultura mexicana se volcara a la cosecha de productos que demandaba el mercado internacional y se fue abandonando la producción de granos básicos. El nuevo papel de México en el concierto mundial de producción agropecuaria era poner en el mercado internacional hortalizas, frutas y flores en fresco; y a la par se fue constituyendo otro mercado que es la cosecha de estupefacientes.

Todo este proceso empobreció a la gran mayoría de las pequeñas familias que no podían entrar en las dinámicas del agrobusines y que precisamente se dedicaban a satisfacer a los mercados locales. Treinta años de estas políticas generaron un escenario de empobrecimiento en el mundo rural, que quedó a expensas de amenazas como las de producir y cultivar drogas. No es gratuito que las zonas rurales más empobrecidas del país, también son aquéllas donde la siembra y cosecha de marihuana, amapola y otras plantas se ha extendido. Sólo para ejemplificar lo anterior, la Washington Office Latin America (WOLA) estima que si comparamos las ganancias que obtiene un agricultor entre sembrar maíz y amapola, la diferencia oscila entre 500 veces más cuando se cosecha este estupefaciente.

Negocio capitalista y lavado de dinero

Otro de los temas fundamentales para comprender la crisis de seguridad pública y el incremento de la delincuencia organizada en México es entender que el narcotráfico y el lavado de dinero representan un negocio de enormes proporciones. La organización norteamericana Kroll, estimó que en 2009 ingresaron a nuestro país alrededor de 40 mil millones de dólares por este concepto. Si comparamos esta fuente de divisas con las remesas que el año pasado mandaron nuestros connacionales al país, tenemos que representan el doble de dinero, ya que los migrantes enviaron poco más de 21 mil millones de dólares.

Ahora bien, de acuerdo a declaraciones recientes de Edgardo Busclaglia, especialista en temas de seguridad pública, el gobierno de Felipe Calderón tuvo en sus manos desde el inicio de su periodo presidencial, algunos informes que le otorgaron los departamentos de inteligencia financiera de Estados Unidos y de 15 países de Europa entre los que se encuentran Alemania, Bélgica, Francia e Inglaterra, que documentaban información sobre varias empresas de escala mundial que mantienen vínculos con grupos criminales. La lista de empresas asciende a 3 mil 507 compañías relacionadas con el cártel de Sinaloa y 25 empresas relacionadas con el cártel de Tijuana. De acuerdo con este investigador, Felipe Calderón no ha querido tocar a estas firmas porque muchas de ellas han estado financiando campañas electorales.

Se ha señalado en innumerables ocasiones que si no se desarticulan estas redes de lavado de dinero, será muy difícil abatir este problema, es más, si no se contempla el impacto económico que tienen las medidas que hasta ahora están adoptando los gobiernos de México y Estados Unidos, podríamos pensar que están, sin quererlo o no, incentivando el negocio, ya que si se ataca a la oferta, los precios aumentan, ya que se vuelve más complicado la producción y tráfico de drogas; y por otro lado, con el pretexto de combatir a estas bandas de delincuentes, se incrementa la demanda de armas de parte de los gobiernos. Recordemos que el otro gran negocio asociado al narcotráfico es la compra-venta de armas. Resulta paradójico, pero perfectamente compresible desde la lógica capitalista, que la estrategia adoptada por el Gobierno Federal apaga pequeños fuegos por un lado, pero está provocando verdaderos incendios por otro.

Militarización de la seguridad pública

La respuesta que ha dado el gobierno de México a este grave problema es la militarización de la seguridad pública. Ahora son los militares quieres detienen, investigan, llevan a cabo pesquisas, patrullan las calles y piden a los legisladores que les amplíen sus facultades. Sin embargo esta estrategia está provocando un agudo problema de violaciones a los derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” en su más reciente informe titulado: Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual, analizó los casos aparecidos en la prensa de enero de 2007 a junio de 2009 de violaciones a los derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas, encontrando 202 casos de abusos de militares en contra de la población. Si el número de casos resulta de por sí alarmante, la tendencia mostrada a través del tiempo se convierte en motivo de mayor preocupación, ya que 2007 se analizaron 54 abusos, en 2008 aumentó a 119 abusos (más del doble) y en el primer semestre de 2009 llegaron a 115 abusos (con esa tendencia serían otra vez más del doble del año anterior). Las violaciones más frecuentes por parte de los militares son los cateos ilegales y la irrupción en las viviendas, luego le siguen las agresiones físicas y la tortura. De acuerdo al informe en el año 2007, resultaron 125 personas lesionadas por miembros de las fuerzas armadas y hubo once muertos, en 2008 fueron 150 lesionados y 22 muertos; y en 2009 se registraron 387 lesionados y ocho muertos. Los estados que mayor cantidad de abusos reportaron fueron Guerrero (18 por ciento), Tamaulipas (14 por ciento), Chihuahua (13 por ciento), Michoacán (8 por ciento) y Sinaloa (7 por ciento).

Estos son algunos apuntes sobre un tema que resulta por demás complejo y que nos demanda estar atentos a él y a su vez, a pensar en cual puede ser nuestra contribución para resolver este problema.

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