El drama de los transmigrantes

En las últimas semanas, el tema de la migración se volvió a colocar en el ojo del huracán, pues la aprobación de la Ley SB1070 en el estado de Arizona y la presentación ante la opinión pública de un informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los migrantes centroamericanos en su paso por México, visibilizaron de nueva cuenta esta problemática. La migración de mexicanos a Estados Unidos sigue siendo una trama fundamental en la vida del país y de sus diversas regiones como el Sur de Jalisco, por lo que es necesario reconocer la situación que viven los migrantes centroamericanos en nuestro país.

Los migrantes centroamericanos

Hace siete años empezamos a ser testigos del incremento de personas provenientes de países de América Central, que cruzaban todo nuestro territorio con el afán de llegar a los Estados Unidos. Estos migrantes empezaron a ser objeto de violaciones a los derechos humanos y víctimas de la delincuencia organizada. Los países de origen de estas personas son, en su mayoría, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Aunque no hay cifras exactas, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), durante cada año se calcula que transitan 400 mil personas por nuestro país. Según los datos de Fernando Gutiérrez Olmos, integrante de la organización “FM4 Paso Libre”, en 2007 se aseguraron a 50,598 extranjeros, de los cuales, 45.4% eran hondureños; 29.9% guatemaltecos; 11.5% salvadoreños y 1.7%, nicaragüenses; el resto eran estadounidenses, cubanos y de otras nacionalidades.

Según Eduardo González, México se ha conformado como una frontera vertical que pone dificultades a cada paso de los llamados transmigrantes. La “no postura” del gobierno Mexicano en el tema ha generado una situación de alta vulnerabilidad de los migrantes, y de acuerdo con este historiador, las instancias de gobierno adoptan las políticas migratorias de los Estados Unidos, con lo que México se convierte en la primera frontera (de dos mil kilómetros) por la que tienen que pasar los migrantes centroamericanos. Según datos proporcionados por González, la hostilidad en los distintos territorios del país es diferente. En los estados sureños como Chiapas y Tabasco, los obstáculos que encuentran los migrantes para desarrollar su camino son muchos y muy difíciles, sin embargo, de los que logran sortear esta región, sólo 25 % no logra llegar a la Unión Americana.

Los migrantes no pueden utilizar las vías formales de transporte en el país por el riesgo de ser asegurados y deportados, por lo tanto, cruzan de dos formas: la primera es pagando el servicio a los llamados “polleros” y en algunas zonas del país a grupos de delincuencia organizada como Los Zetas, que por cantidades que van desde los cinco mil a los siete mil dólares, los ayudan a atravesar el territorio nacional sin contratiempos. Los que no tienen el dinero suficiente, que son la mayoría, utilizan las redes ferroviarias para desplazarse por el país, corriendo altos riesgos, que van desde la extorsión y acoso que sufren de parte de todo tipo de autoridades, hasta accidentes en las vías del tren que han dejado decenas de mutilados. Los corredores que se han configurado para la travesía de los migrantes están asociados con las redes ferroviarias.

En un informe presentado por la Pastoral de la Movilidad Urbana de la Comisión del Episcopado Mexicano a la Secretaría de Gobernación en abril de 2008, se plantea que los agentes de pastoral dedicados a la atención de este problema, documentaron en 2007 más de 200 casos de violaciones a los derechos humanos de migrantes, que fueron detenidos arbitrariamente, y que fueron víctimas de agresiones físicas y verbales, además de ser robados y extorsionados por miembros de policías municipales de diez municipios a lo largo de todo el país.

Una dolorosa realidad que presentó este valioso informe es el secuestro de migrantes por parte de bandas delictivas y crimen organizado. A largo de 2007 la Pastoral de la Movilidad Humana documentó más de 300 casos de migrantes secuestrados, quienes fueron detenidos en tierras mexicanas, privados de su libertad, además de que se pidió a sus familiares dinero con la finalidad de rescatarlos.

Luego de ver la gravedad de este problema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer a mediados de 2009 un informe sobre esta situación que comprendió el periodo entre septiembre de 2008 a febrero de 2009; y documentó el secuestro de 9,758 personas en 198 eventos y de acuerdo a sus proyecciones se podría hablar de 18 mil centroamericanos secuestrados por año en su paso por México. El monto del rescate oscilaba entre los mil 500 y cinco mil dólares y el promedio era de dos mil 500 dólares. Con esto se calculó que sólo en este periodo, la delincuencia organizada obtuvo una ganancia de 25 millones de dólares por esta actividad ilícita.

Flor María Rigonni, misionero scalabriniano y fundador de varias casas del migrante en México, ha comentado sobre varios problemas que experimentan los llamados transmigrantes y las personas que les otorgan ayuda humanitaria. Por lo menos tres llaman la atención. El primero es que los migrantes son presa de la delincuencia organizada, ya sea porque son secuestrados en el camino y se les pide a sus familiares dinero para dejarlos en libertad, o en el caso de las mujeres que son víctimas de la trata y son vendidas a países como Japón. Por su estatus legal, muchas veces las y los migrantes no pueden denunciar estos atropellos por el temor a ser deportados. Todo esto en su conjunto genera una situación de vulnerabilidad muy alta.

Un segundo problema es la situación de alto riesgo de las mujeres migrantes. De acuerdo a los datos internacionales, se contempla que poco más de la mitad de la población migrante son mujeres; pero de acuerdo a los datos que los albergues scalabrinianos manejan, al llegar a Tapachula, Chiapas, la cantidad de mujeres representa 24% del total de las personas migrantes, al llegar a Tijuana, Baja California, este porcentaje baja hasta 7%. De acuerdo a las interpretaciones de este sacerdote, esta disminución tiene como origen que algunas mujeres se quedan trabajando en servicios domésticos, otras se contratan como meseras en bares y centros de diversión y otras más son vendidas, como ya se mencionó antes.

El tercer problema se refiere a la criminalización de la ayuda humanitaria: el hecho de auxiliar a estas personas y “oler a migrantes e indocumentados” se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Las distintas policías no sólo se han dedicado a la persecución de los migrantes, también han estado generando políticas de presión y criminalización de personas y colectivos que brindan ayuda humanitaria a los migrantes, baste citar el trabajo del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (PRODH) en la defensa jurídica de personas que han sido acusadas penalmente por esta razón como Concepción Arteaga que estuvo dos años en la cárcel por darle de comer a seis hondureños.

En medio de la polémica y condenable aprobación de la Ley SB1070 en el estado de Arizona, Amnistía Internacional (AI) presentó en la Ciudad de México el informe “Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México”. Para la realización de este informe, entre los años de 2008 y 2009, delegaciones de AI visitaron el país para entrevistar a migrantes, organizaciones que abordan el tema, a miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y autoridades federales y estatales en el Distrito Federal, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Se entrevistaron a 110 migrantes que dieron su testimonio a esta organización internacional. En este valioso texto se detallan los peligros a los que se enfrentan los migrantes en su trayecto hacia los Estados Unidos. Destacan el secuestro de migrantes por parte de bandas delictivas a lo que se suma que aparentemente autoridades mexicanas en algunos casos colaboran con estos delitos y en otros casos permiten la impunidad al no investigar ni proporcionar la ayuda debida a los migrantes luego de que sufren alguna de estas agresiones.

Otro de los problemas que se tocan en el informe es la violencia contra las mujeres migrantes. Se calcula que veinte por ciento de los migrantes centroamericanos que atraviesan el país son mujeres, de las cuales, seis de cada diez sufren violencia sexual de acuerdo a lo investigado y documentado por AI. En el texto se leen dramáticos testimonios como el de “Marta”, quien el primero de marzo de 2008 fue detenida con su esposo por policías municipales en la carretera de Tapachula a Arriaga, en el estado de Chiapas. Luego de que los uniformados les robaron su dinero, tres hombres armados se llevaron a la mujer, la obligaron a caminar un día entero con los ojos vendados y luego la violaron en repetidas ocasiones. Tras cinco días de cautiverio Marta se dio cuenta que estaba sola y regresó a El Salvador. Todo esto mientras su esposo la buscó y presentó una denuncia por este grave hecho. Hasta ahora este delito permanece en la impunidad.

Las desapariciones y muertes de migrantes centroamericanos es otro de los graves problemas que se presentan en nuestro país. No existe información confiable al respecto, sin embargo en febrero del año pasado, el Comité de Familiares y Migrantes Desaparecidos, que representa a más de 700 familias de origen salvadoreño, visitó el sur de México para exigir al gobierno investigar los casos de 293 salvadoreños que habían sido asesinados o estaban desaparecidos en nuestro territorio durante los años 2007 y 2008.

El citado informe analiza los abusos en los controles de migración. En esta parte resaltan dos tendencias: la primera de ellas se refiere a que con mucha frecuencia los aseguramientos que realizan las autoridades mexicanas, se hacen con lujo de violencia y violando los derechos humanos de los migrantes. Se muestran casos de uso excesivo de la fuerza, de golpes, de tratos crueles y degradantes; y de extorsión. La segunda tendencia que aparece en el documento es la amenaza, tanto a las personas que brindan ayuda humanitaria a los migrantes, como para quienes protestan por este tipo de acciones. La forma de hacerlo es intentar acusarlos del delito de tráfico de personas. Parecería que una de las prácticas que se empiezan a instalar entre autoridades mexicanas es intimidar a defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales para que no denuncien sus atropellos, por medio de acusarlos de este delito.

Breves conclusiones

Es cierto que como mexicanos debemos condenar las acciones emprendidas por el gobierno del estado de Arizona y apoyar a nuestros connacionales, sin embargo, la tarea no estaría completa si no atendemos la grave situación de los migrantes centroamericanos en nuestro país.

No podemos seguir mirando la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga que tenemos en el nuestro. Se requiere de una reforma migratoria integral que implique a todos los países de Norte y Centroamérica, ya que este fenómeno, de dimensiones continentales, no se resolverá sin el concurso de todos estos actores sociales y políticos.

Publicación en Impreso

Número de Edición: 102
Sección de Impreso: Al tiempo con el tiempo
Autor: Jorge Rocha