Entre la parálisis gubernamental y la ausencia de debates

Durante los meses de abril y mayo se presentaron tres propuestas de reformas a la legislación mexicana en el Congreso de la Unión: la reforma laboral, la política y la de seguridad nacional. Finalmente ninguna de ellas fue aprobada, pero vale la pena reflexionar sobre su contenido y las razones por las cuales estas iniciativas de cambios legales no se debatieron debidamente y no se aprobaron.

Reforma laboral

La iniciativa de reforma laboral presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que avalaba Acción Nacional (PAN) era una de las piezas fundamentales para lograr dar mayor certidumbre legal al avance del capitalismo global en México. Luego de que el modelo keynesiano de desarrollo capitalista entró en crisis y con ello las aspiraciones de lograr una situación de pleno empleo, las políticas económicas de muchos países apuntaron a la desregulación del empleo, es decir, a generar condiciones legales que posibilitaran que el trabajo se convirtiera en una mercancía flexible y fueron los grandes organismos financieros globales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los responsables de obligar a las distintas economías, a realizar estos cambios en sus marcos normativos internos.

México no ha sido la excepción. Los últimos gobiernos de extracción priísta realizaron las reformas sobre el agro mexicano para permitir que la tierra entrara al libre mercado, cambiaron los sistemas de pensiones y los pusieron a jugar en las bolsas de valores; y privatizaron muchas empresas paraestatales que dieron pie a los grandes monopolios que ahora sufrimos como Telmex o Televisión Azteca. Sin embargo quedaron temas por resolver, entre ellos lograr la penetración del capital en las empresas de producción de energía y combustibles fósiles y reformar el marco jurídico en materia laboral. Cuando arribó al poder el PAN, una de las encomiendas del gobierno de la alternancia era llevar a cabo las modificaciones en la Ley Federal del Trabajo. Carlos Abascal, secretario del trabajo en aquel entonces y que provenía del sector empresarial, impulsó estas reformas, pero no las logró sacar. Felipe Calderón continuó con este propósito, y través de su secretario Javier Lozano intentó concretar ese objetivo y con ello volver a México “más competitivo y adaptado a las circunstancias y exigencias del mercado global”.

Los argumentos esgrimidos a favor de la ley son falaces: legalizar lo que ahora es ilegal para dar certeza jurídica a los trabajadores, acotar derechos laborales para mejorar las condiciones laborales, facilitar los despidos para generar más empleos y controlar a los sindicatos para mejorar la calidad en el trabajo. Todo esto está encaminado para ser más “competitivos” y convertirnos en un platillo apetitoso para los grandes capitales. Se trata en el fondo de terminar de subordinar el trabajo al capital. Una reflexión que vale la pena rescatar para este debate es que en la experiencia empírica en otros países refleja que este tipo de reformas no ha logrado aumentar el número de empleos, ni tampoco ha mejorado las condiciones de los mismos, más bien ha provocado una feroz lucha por los trabajos que ha redundo en la precarización del empleo. No es cierto que hay mejoras, al contrario los empleos son menos y de menor calidad; y los que ganan, como siempre, son los dueños del gran capital. Sólo hay que mirar a nuestro alrededor, el problema del empleo es mundial, salvo las excepciones que precisamente mantienen el modelo del empleo keynesiano.

El otro punto de reflexión que me gustaría resaltar a propósito de esta reforma, es que en política económica el PRI y el PAN son lo mismo. Lo han sido desde hace muchos años y si a veces pareciera que difieren y que hasta se pelean, eso es una ilusión. Ambos partidos han impulsado y aprobado las reformas necesarias para que el país esté a merced del capitalismo global. Es cierto que pueden tener matices, pero son mínimos, casi insignificantes, por eso no resulta nada extraño que sea la bancada del tricolor la que ponga sobre la mesa la iniciativa y que el blanquiazul la respalde plenamente. Mientras que en otras arenas pueden llegar hasta los insultos, en este tema de crucial importancia hasta cabildean juntos. Para la ciudadanía es fundamental no olvidar este tipo de cosas, ya que esta es una evidencia más de que en materia económica no hubo transición, ni alternancia y que desde Miguel de la Madrid seguimos este desastroso modelo económico que luego de 30 años de implementación nos tiene sumidos en una crisis multidimensional.

Reforma política

Cuando Vicente Fox arribó al poder y se concretó la alternancia en el Ejecutivo Federal, Porfirio Muñoz Ledo hablaba de construir una gran reforma del Estado, que implicaba un rediseño de todas las instituciones políticas para adecuarse a las nuevas realidades, a las demandas sociales y darle soporte institucional a la democracia. Lo que por la vía de los hechos hemos tenido son algunas mini-reformas de carácter político-electoral, que distan mucho de abarcar las pretensiones que en ese momento se planteaban.

La llamada reforma política que pretendía aprobarse hace unos días, se quedó muy corta frente a las propuestas que se pusieron sobre la mesa. Las cuatro modificaciones que resaltan en estos cambios era la flexibilización para el procedimiento de la consulta popular que implicaba menores requisitos para este proceso, la aparición de las candidaturas ciudadanas que permiten que ciudadanos puedan contender electoralmente sin necesidad de estar en un partido político, la re-elección de diputados y senadores, y la re-elección de presidentes municipales por un periodo más. Quedaron fuera temas de suma relevancia como la revocación del mandato, la reducción del financiamiento a los partidos políticos o la segunda vuelta en el proceso de elección presidencial. Para las visiones gradualistas esta mini-reforma representa un paso más en el largo y tortuoso proceso de democratización en México, sin embargo si confrontamos estos cambios con las necesidades y demandas sociales en la materia, sin duda que la mini-reforma propuesta era profundamente insuficiente. Si ponemos el acento en los cambios vistos desde sí mismos y en una lógica de acumulación, estas reformas representaban un avance, pero sí miramos la mini-reforma desde las necesidades que plantea la sociedad mexicana en materia de democracia y ampliación de derechos, entonces el balance se torna negativo. Estos cambios no hubieran podido resolver la crisis política que vive el país, aunque si hubiera generado algunos pequeños avances.

Reforma en seguridad nacional

Ahora bien, pasando a las reformas a la Ley de Seguridad Nacional planteadas por el presidente Felipe Calderón, noventa y seis de las más importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país, hicieron llegar una carta a la Cámara de Diputados donde expresaban su profunda preocupación por los cambios que se pretendían realizar en esta ley, para este casi centenar de organizaciones son tres los motivos de preocupación que pongo a continuación: regularizar la acción del ejército a través de la Fuerza Armada Permanente (FAP) en labores que constitucionalmente no le corresponden como es la de ser policías y de persecución del delito; además se planteaba la criminalización de la protesta social pacífica, la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expression; y la otra gran preocupación era la ausencia de controles democráticos sobre la actuación del ejército en la atención a supuestas “afectaciones a la seguridad interior”, es decir, que los militares no tendrían obligación de responderle a nadie en sus labores, situación que representaría un duro golpe a la democracia.

Para sustentar las preocupaciones antes expuestas, este grupo de organizaciones retoman las recomendaciones que ha recibido el Estado Mexicano por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, de no utilizar a las fuerzas armadas en tareas que no son reconocidas en la Constitución, y añadiendo el problema de que ejerzan una acción para la cual no están debidamente entrenados. También recuperan los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde hay evidencia clara de que las quejas en contra de militares por violaciones a los derechos humanos se incrementaron en un mil por ciento del año 2006 al año 2009 y que la tercera parte del total de las quejas recibidas en la CNDH corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), es decir, la evidencia empiríca dice que con esta estrategia de combate a la delincuencia organizada no se está resolviendo el problema, pero que además las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas se han incrementado de forma exponencial. Por estas razones las reformas implican un gran riesgo y por la vía de los hechos se acotan los derechos de la ciudadanía.

Últimos acontecimientos

Finalmente las tres reformas se quedaron en el Congreso sin aprobar. Ante las presiones de distintos grupos sociales de todo tipo (empresariales, sociedad civil, sindicatos, intelectuales), ninguno de los principales grupos parlamentarios más importantes (PAN, PRI y PRD) quiso asumir el costo político de la aprobación de estas reformas. En la última sesión de este periodo, se recriminaron mutuamente las distintas bancadas que por la culpa de los demás, no se lograron los consensos necesarios. Es cierto que es positivo que ni la reforma laboral, ni la reforma en seguridad nacional haya pasado, situación que hubiera significado acotar derechos fundamentales, sin embargo resulta negativo que los pocos avances de la mini-reforma política no se hayan concretado.

Por otro lado resulta preocupante que la clase política tenga este nivel de parálisis en material de aprobación de leyes. Esto es fruto de su incapacidad de dialogar y lograr que sus iniciativas cuenten con amplios respaldos sociales que presionen a todos los actors sociales a dar su consentimiento y por otro lado se vuelve a constatar que las y los políticos son rehenes de los procesos electorales, situación que los obliga a estar mirando permanentemente los costos políticos que les puede traer aprobar o no reformas legales en función de ganar o perder votos. Esta mirada inmediatista provoca que no podamos llegar a acuerdos mínimos que podrían generar soluciones a los problemas que nos aquejan.

Este hecho también nos muestra que los procesos electorales ya empezaron y que a partir de ahora, la clase política actuará sólo en función del próximo mes de julio de 2012, cuando se elija presidente, diputados federales, senadores, gobernador, presidentes municipales y diputados locales.