Mensaje de la CEM
COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL
DIMENSIÓN EPISCOPAL DE LA PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA
LA DIOCESIS DE TAPACHULA, Chiapas, Y LOS MISIONEROS DE SAN CARLOS SCALABRINIANOS EN CONJUNTO CON LA DIMENSION EPISCOPAL DE LA PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA DE LA CEM Y DE LA DIOCESIS DE TAPACHULA, HEMOS INICIADO UNA MISION CON PERSONAS MIGRANTES, PARA BRINDAR UNA ATENCION QUE, SI BIEN ES EN FAVOR DE TODAS LAS PERSONAS MIGRANTES, TENDRÁ UNA PARTICULAR ATENCION A LA POBLACION HAITIANA.
Agradecemos a Monseñor Jaime Calderón su disponibilidad a la realización de este trabajo conjunto que nos permitirá como Iglesia brindar un acompañamiento pastoral a la población haitiana. Para esto, La congregación de los misioneros Scalabrinianos ha puesto a disposición dos religiosos entre los cuales un sacerdote haitiano. Esto permitirá, a partir del domingo 5 de septiembre, la celebración de la Santa Misa que se celebrará además tres veces por semana en la parroquia San Agustín de esta ciudad.
En el proceso de instalación de esta misión, hemos mantenido distintas reuniones con autoridades como el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Dr. Francisco Garduño. Igualmente hemos buscado la vinculación con la Embajada de la República de Haití ante el gobierno mexicano. En palabras del Señor embajador, la presencia de un sacerdote haitiano en Tapachula se convierte para ellos en providencial por lo que a falta de personal consular, el padre Henri-Claude Testamar, misionero Scalabriniano, sin ser funcionario público del gobierno haitiano, será punto de referencia tanto para la embajada como para la población migrante en Tapachula, decisión que también organizaciones como ACNUR, COMAR y la pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Tapachula ven como una oportunidad para poder tener una relación más directa con la embajada.
Durante nuestra visita a Tapachula hemos podido constatar que en verdad estamos ante una crisis migratoria de gran magnitud que pone en situaciones muy difíciles tanto a la población migrante como a la población local. Hemos constatado que la Iglesia Local de Tapachula, su obispo y presbiterio están profundamente comprometidos en la atención a la población migrante, su organización e intervención de emergencia es un ejemplo de unidad, de compromiso evangélico y de caridad humanitaria.
Los equipos de intervención en riesgos han ayudado mucho a estar preparados y a intervenir en estas emergencias. Comedores parroquiales son un alivio para muchas personas migrantes, sin embargo, a pesar del esfuerzo de la Iglesia, no es suficiente, porque la situación de la población migrante rebasa las capacidades y posibilidades. Estamos ante una situación que, más allá de comedores y dispensarios médicos requiere de una política migratoria justa y humana que proteja y defienda los derechos de las personas migrantes.
Hemos visto el trabajo estructurado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que, si bien su población de interés es los solicitantes de refugio y de protección internacional, está siendo rebasada por la cantidad de personas migrantes.
El 80 por ciento del personal que trabaja en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) es pagado por ACNUR, ante la carencia de recursos del gobierno federal que fortalezca la capacidad de la COMAR y le permita mayor eficiencia, sin embargo, aun así, la COMAR se siente rebasada por lo que no logra atender las más de 71 mil solicitudes que llevan registradas en lo que va de este año, por lo que el tiempo de 45 días que deberían tardar los trámites de refugio se convierten en 6 o 9 meses y en muchos casos hasta más tiempo.
Urge un desahogo de la frontera sur en términos de migración y la aceptación por parte del Gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración, que permita el traslado de personas solicitantes de refugio hacia el centro del país e incluso de personas que ya tienen el reconocimiento de su condición de refugio.
Nos preocupa haber escuchado de organizaciones como ACNUR y de la misma COMAR que
ya se han hecho intentos de traslados de personas reconocidas como refugiados para ser insertados laboralmen
te en otros lugares de la república, sin embargo, el Instituto Nacional de Migración les ha impedido el paso deteniéndolos y regresándolos de nuevo a la frontera. Tenemos conocimiento de que las autoridades migratorias tiene orden de cerrar el paso a todo migrante incluso de quienes ya tienen una legal estancia por lo que si alguien intenta salir de Tapachula serán detenidos, les serán decomisados sus documentos y finalmente deportados.
En dialogo con varias personas migrantes
hemos constatado que hay carencia de lugares donde los migrantes puedan vivir, con un consecuente encarecimiento del costo de vida, de la renta de vivienda y de todos los servicios. Hemos visto a muchos migrantes que pasan la noche durmiendo en las calles porque además de que no hay suficientes lugares y el encarecimiento de la renta, los pocos recursos que logran conseguir, no les es suficiente para pagar una renta. A algunos les preocupa que los recursos que tienen si les alcanza para comer y sobre todo alimentar a sus hijos, no les alcanza para pagar una renta.
ACNUR brinda apoyos a las personas solicitantes de refugio, sin embargo, hay personas que ya llevan días en Tapachula y les han concedido una cita para finales de diciembre, en la COMAR, para iniciar su solicitud de refugio y obtener la constancia y de ahí poder buscar el apoyo de ACNUR. De aquí podemos ver que previo al tiempo de espera de la resolución de su condición de refugio que puede tardar de entre 6 a 9 meses o más, se le debe sumar hasta 3 meses o más para poder iniciar su trámite mediante la solicitud de refugio.
Las fuentes de empleo en Tapachula siempre han sido escasas, tanto así que muchos chiapanecos deciden también emigrar. Con un crecimiento de un 30 por ciento de la población a causa de la retención de migrantes en Tapachula, las fuentes de empleo no es que hayan aumentado, sin embargo, el costo de vida se ha disparado.
El nivel de desesperación de la población migrante que no ve una salida a su situación es muy alto. Esta situación motivo a algunos a emprender una caravana enfrentándose a la represión, a los abusos de autoridad de funcionarios de migración y de la Guardia Nacional que da la impresión ser, a lo largo de todo el territorio nacional la estructura policiaca del Instituto Nacional de Migración. Otros, recurren al crimen organizado, a los traficantes de migrantes, a autoridades corruptas que trafican con migrantes y/o venden documentos migratorios, sin olvidar que también han proliferado los falsificadores de documentos cobrando grandes sumas de dinero. Todo esto sin duda solo contribuye a beneficiar a los corruptos y a los traficantes de migrantes, al mismo tiempo que, lejos de proteger a los migrantes los obliga a exponerse a mayores riegos y aumentando su grado de vulnerabilidad.
Vemos con dolor los hechos violentos de autoridades migratorias y de la Guardia Nacional en contra de las personas migrantes, en modo particular en contra de aquellos que decidieron tomar el camino para salir de esta situación de contención. Rechazamos el uso de la fuerza y todo tipo de violación a los derechos humanos de las personas migrantes e insistimos en nuevas vías de regularización y la garantía del derecho al libre tránsito como únicas medidas para solucionar la grave crisis humanitaria que vive la frontera sur y en modo particular Tapachula.
Hemos sido informados que los residentes guatemaltecos para obtener su VTR (tarjeta de visitante regional) que les permite visitar y transitar en un periodo no mayor a 7 días en territorio de los estados fronterizos, deben hacer citas que tardan hasta 3 meses o más, sin embargo funcionarios del INM, por 800 o mil quetzáles (2,200 – 2,500 pesos mexicanos) les adelantan su cita; al parecer esta es una práctica común, por lo que dar citas muy distantes les permite incrementar el negocio, pues los solicitantes a veces prefieren pagar y no tener que esperar tantos meses. Los agentes de pastoral experimentamos la frustración al no encontrar tampoco alternativas ante un gobierno aferrado a su política de contención convirtiéndose en el muro de la frontera estadounidense.
Al buscar un lugar de residencia para los misioneros scalabrinianos que apoyarán, nos enfrentamos a situaciones discriminatorias debido a que no fue fácil encontrar un lugar porque no quieren rentar a extranjeros y aún menos si es alguien haitiano. Esta es una señal de como actitudes discriminatorias van abriéndose camino entre la población y el único responsable de crear las condiciones para que se genere este tipo de conductas es el gobierno federal con su política de contención migratoria.
Estamos ante una crisis migratoria de gran magnitud que, si bien no es nacional, al menos localmente es una situación nunca antes vista en Tapachula y que, de seguir así, la situación se puede desbordar y salir de las manos incluso de las autoridades. Falta mucha ayuda básica sin embargo sabemos que esto no resolverá la situación: falta comida, falta pañales, falta leche, falta vivienda, falta medicamentos…, esto lo dice los migrantes, lo revela también el padre César, pero, aun así, con suficiente alimento, leche, pañales, medicamentos, etc., esta situación no tiene solución, más que una de tipo político la cual depende del gobierno. Una solución política resolvería en cierta medida todo lo demás.
Muchas organizaciones no gubernamentales hacen presencia solo como observadores, pero sin un compromiso concreto, solo son espectadores que en muchos casos lucran con la información, con los datos, obtienen recursos para sus empleos como observadores, pero sin ningún beneficio directo a la población migrante.
Ante esta situación no vemos ninguna salida mientras el gobierno esté aferrado a impedir el libre tránsito (art. 11 Constitucional) de cualquier migrante, aunque haya obtenido el reconocimiento de refugio o se facilite alguna otra opción de regularización migratoria, pues la única opción que se tiene en el momento es la solicitud de refugio. La creación de un mecanismo de regularización temporal incluso para estas personas contribuiría a dar una solución a este caos del cual el único responsable es el gobierno federal.
Tapachula, septiembre 01, 2021.
Pbro. Julio López, secretario.
Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana
